La Agenda del Cambio del Partido Patriota se presenta como una propuesta “ambiciosa” en la que a partir de cinco ejes se han identificado igual número de  “Propósitos Nacionales Concretos” por lo que hay 25 acciones que el Gobierno priorizará, “de manera que en cuatro años Guatemala retome el rumbo de crecimiento y desarrollo”.

SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y JUSTICIA
“El problema que ellos tienen realmente son las expectativas que levantaron en la población en el tema de la seguridad. Esperamos que lo logren cumplir, tienen una gran presión ahora porque sobre ese tema se levantaron e hicieron su campaña durante ocho años y la mayor amenaza que ellos tienen es cabalmente esta amenaza”. Carmen Rosa de León Escribano, IEPADES.

Sobre este eje, Otto Pérez Molina asegura que su éxito “estará en proteger la vida de los ciudadanos, sus bienes, las instituciones democráticas y garantizar la impartición de justicia pronta y servida”.

Con acciones bajo este eje se busca proteger la vida y la propiedad  con la conformación de Fuerzas de Tarea Interinstitucionales, cada una de las cuales enfrentará uno de los principales flagelos, sean estos asaltos al transporte colectivo, femicidio, asesinato de niños, secuestros, extorsiones y sicariato.

Además, también se espera neutralizar al crimen organizado, a las maras y la delincuencia común desarrollando un plan de seguridad fronteriza, así­ como la creación de unidades militares de Fuerzas Especiales y de Policí­a Nacional Civil.

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) y miembro del Consejo Asesor de Seguridad, dijo que seis meses deberí­an ser el plazo para que se pueda evidenciar un cambio en la situación de seguridad del paí­s.

Según la consultada, aunque no se han detallado los planes que se implementarán, “pensamos que si se toman las decisiones correctas y adecuadas que se deben podrí­an verse resultados a partir de los seis meses”.

Según De León Escribano, se debe tomar en cuenta que el gobierno recién finalizado, durante los últimos dos años  disminuyó el número de homicidios que se registraban, por lo que se espera que esta tendencia continúe.

Por otra parte, la creación de fuerzas de tarea y el trabajo conjunto entre Ejército y Policí­a Nacional Civil no son novedad, según detalla la entrevistada, puesto que hasta ahora, las fuerzas de seguridad también han dividido su esfuerzo para tratar los distintos delitos, junto al Ministerio Público, mientras que también la unificación entre elementos civiles y militares se ha hecho “y tampoco ha servido de mucho”.

Por ello, De León Escribano dice que hay expectativa en cuanto al trabajo que realizará la nueva administración, “en materia de seguridad son años lo que hace falta para mejorar, incluso cuatro años no serán suficientes para resultados al ciento por ciento y en paí­ses donde se han bajado los niveles de violencia se han tardado siete años”.

Sin embargo, hay acciones avanzadas que se deben continuar con las decisiones correctas, no solo a nivel de acción sino también polí­tico, como la aprobación de la iniciativa de ley para el registro de celulares; se podrí­an tener resultados positivos en la disminución de extorsiones, “por lo menos a un 50%, como ha sucedido en paí­ses donde se ha aprobado este tipo de leyes”.

DESARROLLO ECONí“MICO COMPETITIVO
“El salario mí­nimo actual de ninguna manera llega a satisfacer las necesidades fundamentales, ni siquiera la canasta básica alimenticia, mucho menos la canasta básica vital; ese es un tema que tiene que resolver el nuevo Presidente”.  José Pinzón, CGTG.

El eje de Desarrollo económico competitivo, plantea la generación de “empleo seguro” sacando ventajas de las fortalezas del paí­s, con ello se busca generar competitividad a nivel general, establecer una macroeconomí­a estable y coherente que promueva el crecimiento y además, integrar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo.

También, se pretende que a través del desarrollo económico se “rescate” el liderazgo de Guatemala en el contexto centroamericano y global.

José Pinzón, dirigente de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), señala que la generación de empleo es todo un proceso, el cual debe dar sus primeros pasos en un tiempo no mayor a seis meses “para sentar las bases que den certeza de que lo que se está haciendo va a llegar, en su momento, a realmente generar empleo”.

Revisando los planteamientos de los ministros de  Economí­a, Sergio de la Torre, y de Trabajo, Carlos Contreras; Pinzón estima que hay una “unidad de acción que permitirí­a no pasar más allá de seis meses para sentar las raí­ces de diversos programas, o la inversión que permita visualizar en un tiempo prudencial que va a haber resultados y empleo decente”.

El dirigente de la CGTG indica que no se espera generación de un “empleo”, sino de uno decente, donde se cumplan el Código Laboral, el Código de Trabajo y los compromisos con la Organización Mundial del Trabajo.

Este tipo de empleo, esperado por los trabajadores, es aquel que permita tener la garantí­a de la realización humana. En cuanto al salario mí­nimo, el consultado explica que el que existe “de ninguna manera llega a satisfacer las necesidades fundamentales, ni siquiera la canasta básica alimenticia, mucho menos la canasta básica vital”.

Por ello, este será un elemento que el Gobierno recién juramentado deberá resolver.

Las señales que se esperan durante esos seis meses, según Pinzón, es el trabajo interinstitucional, pero además una señal positiva del sector económico del paí­s.

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
“Hay varias expectativas pero lo primero es devolver la confianza a los guatemaltecos, somos un paí­s con una falta de confianza tremenda. Segundo, hacer un uso eficiente del presupuesto y sobre todo transparente y priorizado de los recursos del Estado. Por otro lado el combate a la inseguridad para crear confianza y generar inversión en el paí­s”, Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la CIG.

Enlazado al tema de desarrollo económico, se encuentra el eje de Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo, con acciones que buscan una mejor calidad de vida de los guatemaltecos, el desarrollo local y generar un paí­s competitivo.

A manera de promesa, uno de los propósitos del gobierno electo está denominado como “electricidad para todos”, se busca que el nuestro sea un paí­s que ahorre energí­a.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala, CIG, estima que el margen mí­nimo para ver un verdadero avance en la competitividad del paí­s, es un año, pues es ese margen en que se comparan los indicadores mundiales medidos por las diferentes agencias de calificación.

A largo plazo, Zepeda estima que entre tres y cuatro años deben pasar para determinar si los planes se cumplieron, aunque hace la salvedad de que el tema de competitividad se desarrolla a lo largo de varios años y no solo durante un perí­odo presidencial.

La inversión en infraestructura, planteada en la Agenda del Cambio, es vital para la competitividad del paí­s, afirma el director de la CIG, “este gobierno descuidó totalmente el tema de infraestructura, no solo la inversión, sino también el mantenimiento”, afirma.

Las pérdidas por una mala red vial, se estiman tanto en dinero como en oportunidades, pues según dice Zepeda, el paí­s pierde la oportunidad de generar nuevas inversiones, nuevas empresas y por lo tanto nuevos empleos.

“Mientras haya mayor nivel de competitividad, habrá mayor certeza para la inversión, habrá más empresa, más empleo, más sueldos, más ingreso y por lo tanto más desarrollo”, dice el director ejecutivo de la CIG.

Las alianzas público-privadas, se consideran también una herramienta para generar desarrollo de una forma más inmediata y eficiente, dice Zepeda.


INCLUSIí“N SOCIAL
“Estos programas debieran ser la lógica continuidad de los que ya existen, porque allí­ lo que hubo fue falta de transparencia pero los programas no son malos. La expectativa es que se incluya a la población del área rural, a las mujeres y a la población indí­gena”. Nineth Montenegro, parlamentaria. 

La Inclusión Social es un componente importante en el gobierno que recién asumió, este eje se plantea compromisos como “Cero hambre” y herramientas de ayuda a los menos favorecidos como los Hogares saludables, programas para niñez preparada, acciones que den protagonismo a los jóvenes  y “Familias seguras”.

Nineth Montenegro, segunda vicepresidenta del Congreso y quien durante la administración anterior fiscalizó los programas sociales, explica que “cada vez tenemos una población más inquieta para esperar, y con razón, por la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades, pero todos estamos conscientes que hay que dar el beneficio de la duda al binomio y un compás de espera”.

Para la parlamentaria, medio año es necesario para que se den muestras de cómo se implementan los programas, básicamente porque existe una experiencia anterior sobre la aplicación de programas sociales.

En ese perí­odo de tiempo se deberí­a evidenciar, según Montenegro, a dónde llega la ayuda, en qué condiciones, a qué personas y al final del año saber qué beneficios se obtuvieron de esto.

La mayor diferencia entre la administración anterior y la actual serí­a, según la consultada, “la transparencia”, pues explica que “lo primero que tiene que hacer este gobierno es identificar la población neta a la que se tiene que ir, dar los listados mediante el portal de Guatecompras y darles un documento de identidad especí­fica para los beneficiarios para que reciban el dinero mediante una tarjeta”.

Al finalizar el perí­odo presidencial, en lógica consecuencia de los programas sociales anteriores, la diputada estima que deberí­a haber un avance de paí­s en un 60%.

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
“Lo que se espera, es que lo que está en el plan y se dice en el discurso y que parecen ser buenas intenciones, se haga práctica. Lo vemos ahorita como buenas intenciones, pero no nos ayudan a nada si no se concretiza, tenemos que ver si lo que se ha dicho se pone en acción”. Manuel Pérez, CNOC.

En cuanto al Desarrollo Rural Sostenible el compromiso que se plantea busca la recuperación del agua, con la perforación de 100 pozos y formas de captación de agua, también recuperar el suelo y el bosque, mejorar el ingreso a nivel rural con asistencia financiera y gestión de recursos en el sistema bancario.

Entre sus propósitos, el nuevo gobierno también busca el aprovechamiento de los recursos naturales “para hoy y mañana”, un ordenamiento territorial y generar certeza jurí­dica respecto a la propiedad de la tierra.

Manuel Pérez, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC,  estima que tres meses son necesarios para que el actual gobierno establezca el inicio de un cambio en el tema rural.

Lo fundamental, según el consultado, es poner énfasis en el tema de la producción agrí­cola, destinando el presupuesto necesario del Ministerio de Agricultura especí­ficamente para la inversión agrí­cola en áreas rurales.

Además, es necesario, indica Pérez, generar las condiciones  necesarias para resolver el tema de la conflictividad agraria, y sobre todo prevenir desalojos, que fue una de las prácticas recurrentes durante el gobierno de ílvaro Colom.

Sobre la Ley de Desarrollo Rural, el representante de CNOC anuncia que como organización iniciarán “un plan de lucha en favor de la iniciativa de ley de desarrollo rural”, y es ahí­, asegura, donde  el partido oficial deberá evidenciar si tiene voluntad polí­tica para respaldar esta propuesta.